El Supremo declara ilegal el reparto de altos cargos de Bolaños y Egea en la Agencia de Protección de Datos

El Tribunal Supremo declarará ilegal el reparto de los cargos directivos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pactados por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el ex secretario general del PP Teodoro García-Egea. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo que, según ha podido saber OKDIARIO, ya tiene redactada la sentencia en la que se estima la demanda interpuesta por Leonardo Cervera, uno de los candidatos perjudicados por el acuerdo al que llegaron PSOE y PP saltándose la normativa. El fallo se conocerá esta semana.

El afectado, que actualmente es el director de la oficina del Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS), recurrió el nombramiento a dedo de ambos altos cargos al considerar que, con esta decisión discrecional, se estaba lesionado su derecho fundamental al acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad. Bolaños y García-Egea, ignorando la normativa vigente, designaron a Belén Cardona y Borja Adsuara como número uno y dos respectivamente del citado organismo, en detrimento del resto de los aspirantes a ocupar dichos cargos antes incluso de lanzar la convocatoria.

Reparto

El Gobierno y el PP llegaron a un acuerdo en octubre del pasado año para renovar el Tribunal Constitucional; el Defensor del Pueblo y su adjunto; los doce miembros del Tribunal de Cuentas; y la Presidencia y Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos. No pudieron, sin embargo, llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años y medio en funciones.

No obstante, en el caso de la AEPD ocurría un hecho significativo: se había modificado el proceso de selección de sus máximos directivos. Un requisito que tanto los socialistas como los populares pasaron por alto, dando lugar –tal y como ahora declarará el Alto Tribunal– a una resolución contraria a la normativa vigente. Y es que mientras que la anterior normativa preveía la designación directa por el Gobierno del entonces denominado director de la AEPD, desde el año 2018 el presidente y su adjunto deben ser elegidos a través de un sistema de libre concurrencia de candidatos y un procedimiento público, transparente y sujeto a la ponderación de la calidad profesional e idoneidad.

Viciado

Por ello, ya en marzo de este año el Tribunal Supremo ordenó paralizar la renovación de la cúpula de la AEPD al considerar que el proceso estaba «viciado de raíz al apartarse de la normativa vigente». Entonces, al igual que ahora, los magistrados criticaron que el proceso de selección puesto en marcha para la elección de estos altos cargos «fue mera apariencia». Ello, porque el Gobierno desveló los nombres de los elegidos para cada plaza antes incluso de convocar el concurso público exigido por ley.

La Sala, además, argumentaba que la norma que regula estos nombramientos establece que el Consejo de Ministros «debe remitir el nombre de un candidato para cada uno de los cargos al Congreso para su ratificación», mientras que el Gobierno se limitó a enviar una lista por orden alfabético. Por ello, ya entonces los magistrados señalaron que «al apartarse del procedimiento […] se ha actuado como si no existiese la vigente normativa y que, además, se ha procedido de modo que podría prestarse a dar cobertura formal a una designación ya hecha al hacerse la convocatoria», concluían. La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del Gobierno, aceptó que hubo un reparto político allanándose a la demanda del perjudicado. El Ministerio Público tampoco se opuso a la petición del candidato Cervera.

Varapalo

La decisión del Tribunal Supremo de declarar ilegales los nombramientos de Belén Cardon y Borja Adsuara como presidenta y adjunto a la presidencia, respectivamente, se suma así a la larga lista de nombramientos del Gobierno de Pedro Sánchez que los tribunales declaran nulos.

Este mismo mes de mayo, el Alto Tribunal tumbaba la designación de los directores generales de Deportes, Albert Soler Sicilia, y de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús María Martín Blanco, porque los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo socialista para sustentar su elección fueron «vagos y genéricos». Antes, en diciembre de 2021, los jueces anularon la elección discrecional de María Teresa Pérez como directora general del Instituto de la Juventud y de Gabriel Castañares como director general de Políticas Palanca de la Agenda 2030 porque fue «injustificada».

Pero no sólo eso. En mayo de 2021 el Tribunal Constitucional tumbaba la designación de Pablo Iglesias como miembro de la comisión delegada para asuntos de inteligencia, el órgano de control del CNI. Dos meses después, en julio de 2021, el tribunal de garantías también anulaba el decreto ley que permitió el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de RTVE.